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| Héctor Navedo Aponte |
El discurso político universitario postmoderno se
ha centrado en los últimos lustros en la alegoría de la Calidad, tratando, de esta manera,
enmascarar los intereses contrapuestos que subyacen en las diferentes propuestas y
prácticas educativas, intentando transmitir a la sociedad que educar es sólo un
asunto técnico (Fernández y García, 2010).
Burton
Clark (1983), destaca cuatro conjuntos
valorativos básicos para los distintos sistemas de educación superior: a)
justicia social; b) competencia; c) libertad; d) lealtad.
La
justicia social- Incluye otros dos valores: la igualdad y la equidad, entre los
estudiantes, los profesores, los departamentos y los programas de estudio. La
justicia social es la búsqueda de un trato equitativo con las oportunidades de
acceso. Puede variar su significado en
diferentes contextos nacionales.
La competencia – El valor de la igualdad
está contrapesada en los sistemas de educación superior por el valor de la
competencia, que puede eventualmente justificar, por ejemplo, una diferente
distribución de los recursos entre instituciones y/o programas. Competencia y
calidad son valores estrechamente relacionados. Si bien calidad es un término
con múltiples acepciones, podemos decir que en líneas generales se refiere al
funcionamiento ejemplar –respecto de una expectativa establecida - de una
institución o programa, cuestión que se establece en la actualidad mediante
diversos procedimientos de evaluación llevados a cabo por pares académicos.
La
libertad- Clark
(1983) destaca un conjunto de valores enraizados en la historia del pensamiento
político occidental. En las sociedades democráticas la libertad implica que los
individuos, grupos e instituciones ejerzan sus actividades libremente sin
padecer restricciones arbitrarias. Este valor se encuentra indudablemente en
contradicción con el valor de la igualdad, en la medida que la
autodeterminación implica la diversidad y la diferencia respecto de la
organización y los fines.
“Los investigadores alegan que un máximo de libertad es necesario para
el buen desempeño de su trabajo y para el avance de la ciencia y el conocimiento
en general. Los docentes defienden la añeja noción de la libertad de expresión
en el aula sin temor al castigo para que la sociedad se beneficie de la crítica
y se pueda contribuir así a remediar males sociales. Los estudiantes
reivindican la posibilidad de optar libremente por sus campos de estudio y de
decidir el ritmo y la modalidad del aprendizaje” (Clark, 1983).
La
lealtad- Supone un
conjunto de valores que remiten a la relación Estado- universidades. Implica
situaciones que pueden ir desde las limitaciones a la libertad de expresión y
crítica, hasta la exigencia de relevancia o pertinencia, esto es, que las
actividades de los establecimientos de educación superior contribuyan a
solucionar las necesidades y demandas sociales.
La política de la UPR está
orquestada por el gobernador Luis G. Fortuño.
Su repertorio incluye mala fe e implantaciones nefastas. El modelo político de Victor Baldridge (1971) constituye en una herramienta idónea para señalar que la universidad es un sistema político
centrado en la toma de decisiones. Esa toma de decisiones (del gobierno de
Puerto Rico) está basada en ‘cuadrar’ el presupuesto sin tomar en consideración
el desarrollo intelectual de todo un País.
“Pueden
destruir toda una generación de intelectuales que son de los que depende el
desarrollo de cualquier país y luego, cuando quedan esos boquetes en la
historia, es muy difícil volver a retomar el camino del desarrollo en los
países”, dijo el profesor Silva Gotay
(2010, diciembre 12, pp.6). “Hay una constante que es la violencia que
el Estado está ejerciendo sobre sectores con los cuales el Estado mismo no está
dispuesto a dialogar”, dijo el profesor de ciencias sociales y humanidades de
la UPR, José Cabán (2010, diciembre 12, pp.6). “Fíjate en lo que ha terminado
México. Un país asediado por la
violencia y (con) incapacidad de estabilizar el país. México no se ha podido reponer de esta
pérdida, contrario a Argentina donde (Néstor Carlos) Kirchner detuvo el
neoliberalismo a tiempo y salvó la nación”, dijo el profesor Silva Gotay (2010, diciembre 12, pp.6).
¿Qué opinaron algunos
políticos sobre el conflicto en la UPR?
“En un país donde
tantos jóvenes se nos pierden en la criminalidad, en el vicio, darle la
oportunidad a aquellos que quieren contribuir, aportar, es obrar en contra del
futuro de Puerto Rico”, dijo Rolando Ortiz, alcalde de Cayey (2010, diciembre
17, pp.27).
“Hasta ahora no ha
habido diálogo de ninguna de las partes. (La Universidad) no ha provisto de
manera eficiente la información fiscal real de la UPR, que es un desastre, y la
solución que dan hoy ya mañana no resuelve nada porque es un parche”, dijo Abel
Nazario, alcalde de Yauco (2010, diciembre 17, pp.27).
“Restringir el derecho
a protestar en las áreas de la Universidad… pero si de eso se trata la
universidad!!! Esto no es un kínder ni un primer grado, es una universidad
donde las ideas se van desarrollando y forjando”, dijo Aníbal Vega Borges,
alcalde de Toa Baja (2010, diciembre 17, pp.27).
“La intransigencia
nunca resulta en nada positivo aquí ha habido algo de eso. El Presidente de la UPR tiene que poner de su
parte. El diálogo es fundamental”, dijo
Ramón L. Rivera Cruz, alcalde de Bayamón (2010, diciembre 17, pp.27).
“La Policía no es el
organismo indicado para cambiar la visión de cómo protestar en la
Universidad. Pero los estudiantes tienen
que entender que la manera de manifestarse en los recintos tiene que cambiar”,
dijo Alan González, alcalde de Utuado (2010, diciembre 17, pp.27).
Baldridge
destaca que debido a que la elaboración y formación de políticas constituyen el
núcleo de la comprensión del proceso de toma de decisiones, se debe enfatizar el
papel que la negociación y el conflicto juegan en relación con la participación
de los diversos grupos de interés. Baldridge
(1989) reconoce la importancia del conflicto que se genera en los distintos
modos de gestión administrativa practicados por la autoridad; así como la complejidad
que enfrenta la organización derivada de los múltiples intereses que los distintos
actores organizacionales ejercen en ella.
…los
problemas del poder en la universidad no son tanto un problema de
estructuras
de gobierno como de gobernabilidad institucional. Ello significa
colocar
el énfasis analítico en el estudio de las redes organizadas de poder que
coexisten
en las universidades, y su relación con la construcción de la autoridad
política
en dichas organizaciones. Asimismo, es preciso analizar las fórmulas
institucionales
que son creadas para estructurar las relaciones de poder y la
manera
en que son consolidadas, cambiadas o reformadas para fortalecer o
debilitar el núcleo académico universitario
(Acosta, 2002).
Es evidente que en el comportamiento
organizacional de la UPR hay un salto de lo burocrático a lo político,
olvidando así el aspecto colegial. La
poca o ninguna creación de programas nuevos que sean cónsonos con las
necesidades intelectuales y sociales es evidencia suficiente del pasado
postulado.
